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Controlar el agua en Costa Rica


TRANSNACIONALES PRETENDEN CONTROLAR EL AGUA EN COSTA RICA

Fuertes intereses económicos privados estarían tras el control de los recursos hídricos de Costa Rica, para lo cual el camino ya fue allanado por una modificación a la ley que promovió la administración del ex presidente José María Figueres, advirtieron ambientalistas y expertos en la materia.

El agua de nuestro territorio, riqueza que muchos desean. ( j.a.)

La transnacional estadounidense Bechtel, que administra el aeropuerto Juan Santamaría tras la sociedad Alterra, ya estuvo a punto de obtener una concesión para manejar el suministro de agua en el 2002, durante el gobierno de Miguel Angel Rodríguez.

El cambio de administración frustó el proyecto que ya había sido adelantado con la contratación de un estudio a una empresa española, y el cual habría llevado a una irremisible quiebra al estatal Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

Se asegura que el magnate Bill Gates, presidente de Microsoft, está interesado en comprar 100.000 hectáreas de bosque en la zona de Altura de Coton, donde llueve 6 metros cúbicos por año, y se sospecha que su propósito podría ser la explotación de ese valioso recurso, una de las mayores fuentes de riqueza de Costa Rica.

Amenazas

A pesar de que los intentos de privatizar el acueducto metropolitano se vieron frustrados tras la administración Rodríguez, el negocio del agua en Costa Rica sigue siendo de interés para las transnacionales, como lo es en el resto de países de América Latina.

Durante la administración Figueres (1994-1998), una reforma a la ley del recurso hídrico hizo posible la concesión privada del agua y, de hecho, empresas como Dos Pinos y Florida Ice and Farm, explotan concesiones que tienen un débil control, afirmó el diputado Quírico Jiménez.

Estas dos empresas "pagan un canon de 700.000 colones por año al Ministerio del Ambiente, pero sacan ganancias superior a los 2.000 millones.

"Es una cochinada lo que están pagando, eso paga Florida Bebidas y tiene 8 o 9 concesiones que le dan 1.400 millones al año y eso se podría multiplicar con otras empresas que vengan al país si se aprueba el TLC con Estados Unidos", advirtió el legislador.

Pablo Cárdenas, de la organización ambientalista FECON, señaló a Informa-tico.com que hay otros importantes riesgos en el manejo privado de los recursos hídricos, como una explotación desmedida por parte de las transnacionales, lo que pondría en riesgo el acceso de los habitantes al servicio de agua potable.

En Internet, varios sitios recomiendan a Costa Rica como un país apropiado para invertir en proyectos de explotación de agua, mientras que en otros sitios, como el de la Universidad de New Hampshire alertan al país sobre los riesgos de una explotación transnacional del recurso hídrico.

Según el diputado Jiménez, aunque el TLC no incluya ningún acuerdo respecto al agua, las transnacionales podrían presionar al país y entablar demandas millonarias si no se les permite explotar el recurso, ya que la ley nacional contempla la posibilidad de las concesiones privadas.

De Cochabamba a San José

En el 2002, el gigante de la construcción Bechtel intentó asumir, además del aeropuerto Juan Santamaría, la concesión para el manejo del agua en Costa Rica. El entonces presidente Miguel Angel Rodríguez no sólo estuvo de acuerdo con este proyecto sino que lo impulsó activamente.

En la página web de la organización pro Derechos Humanos Public Citizen, de Nueva York, consta el interés de Bechtel de invertir 285 millones de dólares en el alcantarillado metropolitano de Costa Rica, bajo un contrato de 25 años.

En ese momento -en el 2002- ya Bechtel había logrado un contrato para administrar el acueducto en la ciudad de Cochabamba, en Bolivia, donde casi de inmediato empezaron a subir desorbitadamente las tarifas, hasta en un 15 por ciento.

Un movimiento popular terminó con la expulsión de la empresa de Bolivia y ésta planteó una demanda por 25 millones de dólares al país suramericano.

En el 2001, el presidente Miguel Ángel Rodríguez ordenó a AyA crear una Unidad de Concesión, como primer paso para privatizar el acueducto metropolitano.

La recién establecida unidad contrató para una consultoría a la empresa "N más 1", un consorcio español ligado al Banco Mundial que ha recomendado la concesión de los servicios públicos en otros países.

Como era de esperar "N más1" culminó su estudio a inicios del 2002 recomendando tres escenarios de concesión, total y parcial del acueducto, y el informe de más de 200 páginas fue clasificado como confidencial.

La aplicación del proyecto de "N más 1" obligaba al AyA a aumentar las tarifas del acueducto, sin contar el precio de otras obras, comentó Heiber Rodríguez, gerente de la institución a partir del 2002.

"El costo de la tarifa iba a ser demasiado grande para la capacidad de pagos de las personas... No es posible cargar a los usuarios de hoy el rezago de las inversiones de veinte o treinta años...", señaló el funcionario.

La consultora "N más 1" exploró el mercado y reveló el interés de varias transnacionales en invertir en el acueducto metropolitano. En la lista figuran Becthel, Suez y Thames, entre otras.

En la página 45 de su informe final la consultora detalló que Bechtel tenía interés de invertir por medio de su socio Internacional Water.

El cambio de gobierno truncó el proyecto y la nueva administración encontró severas inconsistencias financieras al plan recomendado por "N más 1".

Según Heiber Rodríguez, "el programa de inversión era de 300 millones de dólares en 25 años, y el gestor recibiría 800 millones en ese mismo tiempo. Pero la operación del acueducto iba a tener un déficit de 400 millones que lo pagarían los usuarios al gestor por medio de las tarifas".

El gerente reconoció que tras el rechazo al plan vivieron momentos de tensión y la denominó como la primera crisis de la nueva administración, aunque negó que recibieran presiones directas para aprobar el proyecto.

Recordó que la directora del CNE, Rocío Aguilar, ahora Contralora y el entonces coordinador del Consejo Económico, Ronulfo Jiménez, insistieron en recuperar la concesión.

"N más 1" intentó salvar el plan, ya que la consultoría incluía el pago de 1 millón de dólares por comisión de éxito en el caso que se aprobara la licitación. El documento no detalla como se realizaba la distribución de este premio.


Asociacion Acueducto

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